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El Estado tuvo que reconocer una indemnización de 529 millones de pesos por la muerte del militar, quien fue atacado por la espalda con un disparo de fusil cuando hacía las veces de centinela en una base del Grupo Mecanizado Silva Plazas.
Uno de los principales aspectos a evaluar tiene que ver con las condiciones en que se produjo el acuerdo transaccional entre padre e hijo, teniendo en cuenta que este último padecía una enfermedad mental.
La disciplinada, quien no podrá volver a ejercer la profesión, ya había sido suspendida en 2011 por indiligencia en su labor.
La justicia penal le dictó 118 meses de prisión por el delito de concusión, al hacer parte de un grupo de funcionarios que cobraba sobornos para amañar fallos sobre entrega de tierras en los Llanos Orientales.